La Justicia resolvió elevar a juicio oral una causa que investiga los presuntos delitos de prevaricato y estafa, en la que se encuentran imputados los abogados Guillermo Brown (fallecido), Leonardo Abdala, Guillermo Magadán y el escribano Bordenave. La investigación apunta a una maniobra presuntamente fraudulenta que habría involucrado el uso indebido de documentación legal y decisiones jurídicas con fines particulares.
El expediente, que ha avanzado en las últimas semanas luego de una larga etapa de instrucción, incluye elementos que comprometerían seriamente a los acusados, en lo que se presume fue una red de acciones legales planificadas para favorecer intereses inmobiliarios privados mediante el abuso de funciones profesionales.
Sin embargo, esta no sería la única causa vinculada a maniobras de estas características. Surgen también antecedentes similares que involucran al Dr. Leandro Alonso, actualmente secretario del nuevo Juzgado de Faltas de Pinamar. Alonso habría actuado en conjunto con socios habituales, entre ellos los doctores Nelson Maiale y Gonzalo Magliolo, conformando un entramado jurídico que operaría con información privilegiada obtenida desde estructuras estatales, tanto en la Municipalidad de Pinamar, General Madariaga y General Lavalle, donde también habrían tenido vínculos laborales.
Según trascendidos judiciales, estas operaciones podrían haber permitido la adquisición de tierras u otras ventajas inmobiliarias en condiciones irregulares o, al menos, éticamente cuestionables. Los investigadores no descartan que este tipo de prácticas constituyan un modus operandi ya instalado, con derivaciones en otros distritos costeros.
Sumado a ello, el estrecho vínculo de Maiale, con las las fuerzas policiales. Lo que le habría otorgado al grupo, un manto de impunidad.
Desde los tribunales no se brindaron mayores detalles sobre las fechas del juicio oral, aunque se espera que en los próximos meses se inicien las audiencias, donde se podrá esclarecer el rol de cada uno de los involucrados. Mientras tanto, distintas organizaciones sociales y referentes locales exigen que se profundicen las investigaciones sobre el posible uso indebido del poder y de la función pública para el beneficio privado.
El caso genera especial interés en las comunidades de la región, donde crece la preocupación por la creciente presencia de negocios inmobiliarios que, en algunos casos, se concretan en condiciones poco transparentes y que podrían estar afectando el patrimonio público y el acceso equitativo al suelo.
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