Agitando la bandera de la «reducción de costos», en la Sociedad Rural Argentina celebraron la reciente resolución del Gobierno que autoriza la importación de vacunas antiaftosa.
En la entidad vieron efectos inmediatos: «Apenas se habló de importación, Biogénesis bajó un 23% el costo de la vacuna», dijo a LPO un directivo de la Rural que cuestionó el «monopolio» que mantuvo desde 2001 sobre gran parte de ese mercado la empresa controlada por Hugo Sigman.
«Con la excusa de que eran contra cuatro cepas, estábamos con un valor que era casi el doble de lo que se vende en los paÃses limÃtrofes», agregó sobre la vacuna de Biogénesis Bagó, comparando con vacunas contra dos cepas que ahora fueron habilitadas por el Senasa y que se utilizan en paÃses vecinos.
Pero además de ese factor, en la Rural ven que existe otra variable que se puede ajustar para reducir costos a la hora de la vacunación antiaftosa y que tiene que ver con la potestad que tienen una serie de fundaciones a la hora de vacunar.
Con el último foco de fiebre aftosa, en 1994, entes sanitarios conocidos como «fundaciones», integradas por productores y miembros de sociedades rurales distritales, encargadas de controlar y vacunar los rodeos.
A 30 años y libre el paÃs de esa enfermedad, en la Rural creen que el sistema de fundaciones se «desvirtuó» y plantean que los productores puedan vacunar si necesidad de pagarle a estos entes.
El tema fue planteado inicialmente por el propio Nicolás Pino: «Las fundaciones fueron muy útiles. Fue un sistema virtuoso y gracias a dios no tenemos la enfermedad. Pero si uno es productor y médico veterinario no podés vacunar tu vaca. ¿Es normal eso? Tenemos que solucionarlo porque eso bajarÃa costos», dijo el presidente de la Rural a Bichos de Campo.
Esas declaraciones generaron tensiones dentro de la Mesa de Enlace con Conferaciones Rurales Argentinas (CRA), que manifestó su «firme oposición a esta propuesta».
«Consideramos que tal medida representarÃa un retroceso hacia los fracasos del pasado, poniendo en peligro nuestra salud sanitaria», advirtieron en la entidad que dirige Carlos Castagnani.
Antes, en la Confederación de Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que integra CRA, etiquetaron como una «falacia» el argumento de reducción de costos planteado por Pino y defendieron el esquema de vacunación por intermedio de las fundaciones.
«Desde la instauración del sistema de vacunación antiaftosa por el Senasa a través de las Fundaciones (integradas por productores responsables) se ha logrado controlar y vacunar el rodeo vacuno durante estos últimos 30 años con éxito», señalaron en Carbap.
Y apuntaron desde la entidad que comanda Horacio Salaverri: «Solo la irresponsabilidad de aquellos que ingresaron animales enfermos al paÃs o evitaron la vacunación, pusieron en riesgo la sanidad de los rodeos. Acaso serán los mismos que ahora promueven, con la falacia de bajar costos, delegar la responsabilidad de vacunar al productor».
Las acusaciones de CRA y Carbap fueron retrucadas desde la Sociedad Rural que advierten que las fundaciones «se desvirtuaron» y «pasaron a ser lucrativas»: «Cuando tocás un nicho, hay gente que zapatea», lanzó un directivo de la SRA consultado por LPO.
Y agregó: «Hubo gente que la formó para evitar el tema de la aftosa. Pero hoy el escenario es otro. Hoy no hay actividad viral, perfectamente podrÃamos dejar de vacunar, pero el peligro es que venga de otro paÃs, porque no hay controles».
En la entidad presidida por Pino consideran que el último brote de aftosa fue a causa de una actitud «distendida» de Senasa en los controles .
En cuanto a las fundaciones, ubican su origen en la asistencia en la vacunación a rodeos de productores chicos, con escasa estructura. Por eso, ven que su permanencia molesta en las grandes haciendas.
«La vacuna vale 1.200 pesos y la fundación te cobra 600 por la aplicación. Un paramédico que viene a vacunar un rodeo de 2 mi cabezas, las hace en un dÃa y son 1.200.000 pesos que el productor le paga a la fundación, cuando un peón gana 400 mil pesos», dijo un directivo de la Rural que pretenden que, en esos casos, «lo aplique el veterinario del campo».
«La Rural no quiere que las fundaciones dejen de funcionar, sino que dejen libre al productor», planteó un vocal de la SRA que admitió que dentro de la misma entidad «podemos tener internas con ese tema» ya que hay socios de la Rural que participan de algunas fundaciones.
«Es un tema delicado», reconocen. Por lo pronto, la polémica escala hacia el interior de la Mesa de Enlace.
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