El renovado proyecto de ingreso por concurso a la intendencias avanza a nivel legislativo: diputados de los diferentes partidos firmaron el texto impulsado por el frentista Gustavo Olmos tras el escándalo de corrupción en Artigas y por el “importante consenso social” que tienen la “necesidad de terminar con la discrecionalidad en la designación de funcionarios públicos”.
Pese a que cuatro meses atrás la iniciativa no tuvo el apoyo de casi ningún sector, no solo a nivel parlamentario sino también luego, con la propuesta de plebiscitar las modificaciones junto con las elecciones nacionales; el escenario actual reunió a Olmos, Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Iván Posada (Partido Independiente) y Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) en torno a un proyecto que establece una nueva modalidad de ingresos y ascensos de funcionarios públicos en los gobiernos departamentales.
El documento sostiene en su artículo 2 que “la selección de postulantes se realizará en todos los casos por concurso de oposición y méritos o méritos y antecedentes”; y que “solo en aquellos casos en que los requisitos necesarios para los puestos lo ameriten, se habilitará como único mecanismo la realización de un sorteo público”, luego de una justificación debida del por qué se recurrió a tal alternativa.
En ese sentido, el artículo 3 habilita la opción de contrataciones directas en situaciones excepcionales, propios de la coyuntura de cada departamento. Al respecto, Olmos había explicado que dicho margen se dejó para urgencias y necesidades a ser cubiertas en un plazo de tiempo muy limitado , insuficiente para la realización de un concurso.
Asimismo, los ascensos en las intendencias “deberán realizarse a través de concursos celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.
Un proyecto de ley que responde a los hechos recientes
Lo cierto es que a principio de año, cuando un proyecto de características similares había sido presentado por el fallecido senador del Partido Colorado, Adrián Peña, éste no tuvo una buena recepción en el Parlamento, y no avanzó las etapas necesarias para ver la luz como una nueva ley.
Luego del trágico accidente de tránsito en el que Peña perdió la vida, su sector, Ciudadanos, buscó impulsar un plebiscito a modo de homenaje al exministro de Ambiente. Pero, una vez más, la falta de apoyo por parte de los demás partidos —con la oposición expresa a la iniciativa por parte de los blancos— truncó el futuro de la iniciativa.
El reciente escándalo de corrupción en la Intendencia de Artigas, que terminó con una condena judicial y la renuncia del jefe departamental del Partido Nacional, Pablo Caram, puso una vez más sobre la mesa la “necesidad de terminar con la discrecionalidad en la designación de funcionarios públicos”, tal y como señala el proyecto actual de ingresos y ascensos en los gobiernos departamentales. Todo el sistema político se vio apelado en cuanto a tener que dar una respuesta y una solución a este tipo de cuestiones a la ciudadanía pero, principalmente el sector blanco —aunque el diputado Rodríguez firmara el texto a título personal, y no en representación de su partido.
Al respecto, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por Olmos pero con apoyo de todos los partidos, sostiene que su finalidad primera es “hacer converger los requisitos actualmente vigentes para los ingresos de funcionarios públicos a los Gobiernos Departamentales con los que son aplicables a la mayoría de las administraciones públicas estatales, en las cuales el concurso es la regla y las otras vías de ingreso son la excepción”.
El texto también cita a la delegación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, respecto de que “el ingreso a la función pública tiene que ser por concurso, sin lugar a dudas”: “Tiene que haber un concurso público, abierto, que dé todas las garantías que requiere el ingreso a la función pública (…) que demuestre la trascendencia, la importancia de entrar a la función pública, pero donde todos tengan la posibilidad de participar y donde exista igualdad para el ingreso a estos cargos. Además, está previsto en la Constitución, precisamente, que todos los ciudadanos puedan acceder a los cargos públicos”.
“La opacidad en los mecanismos de selección del personal atenta contra el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos, conspira contra la eficiencia y la buena calidad de la gestión pública, y -lo que es aún más grave- abre la puerta a prácticas clientelísticas, minando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Corresponde, por lo tanto, asegurar el derecho igualitario de los ciudadanos a acceder a los cargos públicos tomando en cuenta únicamente las necesidades del servicio y la idoneidad de la persona que va a ocupa el cargo en cuestión, particularmente en estos momentos en los que a nivel local e internacional el prestigio de la política y la confianza en la democracia se encuentran cuestionados”, concluye el texto que será presentado en el Parlamento para su tratamiento en comisión y, luego, en el plenario, considerando el amplio apoyo político que tiene.
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