Los fiscales a cargo de la unidad de Delitos Económicos de Rosario aprovecharon el último dÃa hábil del año que pasó para presentar una durÃsima acusación contra los directivos de Vicentin, con pedidos de pena de hasta 17 años de prisión.
La decisión fue interpretada por los acusados como una nueva maniobra para detonar el concurso de la empresa, que ya está acordado, pero se sigue demorando y bloquea asà la posibilidad de normalizar la gestión de la firma. La maniobra, según los directivos de Vicentin, es empujada por un grupo hostil que pretende quedarse con la compañÃa.
La fiscalÃa acusó de estafa y asociación ilÃcita a los ex directivos de Vicentin, la agroexportadora que entró en default a fines de 2019 con una deuda que rondó los 1.500 millones de dólares.
La acusación la encabezó el fiscal Miguel Moreno y comprende a los ejecutivos que estaban al frente de la compañÃa al protagonizar la caÃda.
La decisión de los fiscales fue interpretada en la compañÃa como una posible presión a la Cámara de Reconquista, que debe aprobar el concurso, lo que normalizarÃa la vida de la empresa e impedirÃa una toma hostil.
Acusan de fórum shopping a un acreedor para paralizar el concurso de VicentÃn
El abogado de los acusados, Jorge Ilharrescondo, no ocultó su sorpresa por la decisión de los fiscales penales justo cuando está al caer una resolución crucial de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Reconquista.
«Cada vez que hay instancias importantes en la resolución del concurso de la empresa Vicentin, observamos movimientos de la justicia penal de Rosario», afirmó.
El abogado recordó el operativo de detención contra Omar Scarel, ex presidente del directorio de Vicentin, dÃas antes de una presentación crucial de la propuesta de pago a los acreedores en junio del 2022.
En ese momento, Scarel fue trasladado como detenido a Rosario, pero la prisión preventiva solicitada por los fiscales Narvaja y Moreno -los mismos que actuaron ahora- fue denegada por el juez. Actualmente, Scarel ni siquiera está procesado por la causa por la que fue acusado y detenido.
«Utilizan la justicia penal para resolver un conflicto netamente comercial, porque a uno de los querellantes no le gusta la oferta económica que fue aceptada por una abrumadora mayorÃa», agregó Ilharrescondo.
«Nunca en mi carrera vi estos pedidos de penas, introducen en la acusación la asociación ilÃcita para aumentar los años de pena para la acusación», concluyó el abogado.
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