En 1993, el entonces gobierno que lideraba Carlos Menem le otorgó a la empresa Ferrosur Roca la concesión de varios ramales de la red ferroviaria nacional, entre los cuales se encontraba el tramo que se extiende desde localidad bonaerense de Bahía Blanca hasta la ciudad neuquina de Zapala.
De esa forma, comenzó a operar una compañía que actualmente es una subsidiaria de Loma Negra, que tiene una participación mayoritaria del 80%, mientras que otro 16% está en manos del grupo brasileño Cofesur.
A su vez, la cementera fundada por la familia Fortabat, es controlada por el grupo brasileño InterCement Trading e Inversiones Argentina S.L., que posee el 52% de su capital accionario y que puso en venta esas acciones en el marco de un proceso de desinversión en la Argentina y en otros países.
En la actualidad, la sociedad ferroviaria tiene la concesión de la línea de cargas del Roca, que abarca una extensión de 3.180 kilómetros de vías que cruzan las provincias de Neuquén, Río Negro y en su mayor parte la región central de Buenos Aires.
Su principal operación está atada al transporte de piedras y otros insumos para la producción de cemento en Olavarría pero también carta sal; cal; cereales; fertilizantes; carbón de coque; chatarra de hierro, entre otros productos.
En diciembre del 2022, la sociedad logró una extensión de su contrato, tras haberse vencido el plazo de 30 años que se había establecido en el acuerdo inicial firmado con el menemismo.
Dicho convenio caducó el 10 de septiembre del año pasado pero la administración que ahora lidera el presidente Javier Milei resolvió extender nuevamente ese plazo mediante la Resolución N° 991/2024 del Ministerio de Economía que fue publicada en el Boletín Oficial del 1 de octubre también del 2024.
Concesión endeble
En ese momento, la norma dispuso la continuidad del contrato de concesión por un año, hasta el 10 de septiembre de este 2025 cuando ya se había vencido en marzo del 2023 luego de haberse cumplido esas tres décadas.
La concesión es una unidad de negocios que figura entre los activos de Loma Negra y tiene una importancia clave para su producción ya que vincula sus principales plantas pero también sufre los mismos problemas que el resto de la actividad cementera, afectada por la caída en la demanda ante la cesación de obras públicas y la crisis económica.
De hecho, el holding brasileño dueño de Loma Negra viene tratando de salir de ese negocio desde hace varios años, aunque todavía no logró cerrar la operación con ninguno de los grupos que ya demostraron interés en participar del deal que se acaba de reflotar luego de que sus accionistas lograron encaminar el proceso de reestructuración de un millonario pasivo ante los tribunales de Brasil.
En ese sentido, InterCement Participações presentó a fines del año pasado un plan de recuperación extrajudicial que logró la aprobación de acreedores que representan más de 1/3 de su endeudamiento, de acuerdo con la ley de Brasil.
Dicho plan es parte de una etapa más de la estrategia de readecuación de la estructura de capital de InterCement que tiene como objetivo implementar una reestructuración de su endeudamiento, preservar su negocio y buscar una solución que maximice el valor con sus acreedores y stakeholders.
En este caso, Loma Negra no es parte de esa estrategia de recuperación extrajudicial, y por lo tanto, no implica efecto alguno sobre los derechos y obligaciones de la compañía, ni existen contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos.
Sin embargo, desde hace un par de meses, la operación de Ferrosur Roca se ha venido complicando al punto que acaba de solicitar la apertura de un procedimiento preventivo de crisis, instrumento que es utilizado cuando una empresa pretende reorganizar su actividad mediante la suspensión de personal.
Panorama complicado
Se trata de una medida similar a la que había presentado en abril de 2020, cuando la actividad industrial estaba prácticamente paralizada producto de las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus que determinó el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.
En ese momento, la empresa sufrió las consecuencias de la paralización de la actividad de la construcción y la importante disminución de la demanda por parte de otros clientes, lo cual le causó un derrumbe del 80% de su operación.
Con la presentación ante las autoridades del entonces Ministerio de Trabajo de la Nación logró acordar con el gremio un esquema que le permitió simultáneamente proteger las fuentes de trabajo y asegurar la sustentabilidad del negocio.
Si bien en un principio, la propuesta empresaria fue rechazada por la Unión Ferroviaria, uno de los gremios del sector, luego se logró abrir un canal de diálogo que permitió la continuidad operativa de Ferrosur Roca.
Ahora y de acuerdo a fuentes sindicales, el panorama operativo de Ferrosur Roca es «complicado» debido al freno que viene sufriendo su actividad que la obligó a presentarse ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para solicitar el auxilio oficial y con el que sus ejecutivos buscan abrir un canal de negociación ante la crisis.
La intención de la sociedad ferroviaria es que las autoridades nacionales le permitan aplicar el llamado Pocedimiento Preventivo de Crisis (PPC), regulado por la Ley 24.013 (Ley Nacional de Empleo) como una alternativa para mitigar el costo laboral y su impacto en la tributación sobre la nómina salarial.
Mecanismo de protección
El PPC es un mecanismo legal destinado a empresas que atraviesan situaciones de crisis económica que podrían derivar en despidos masivos, suspensiones o reducciones salariales. Su principal objetivo es promover soluciones consensuadas entre empleadores, empleados y el Estado, con el fin de evitar consecuencias graves, como el cierre definitivo de la empresa.
Mediante este procedimiento, las empresas pueden, entre otras cosas, reducir costos fiscales al pactar suspensiones provisorias de trabajadores y el goce de asignaciones no remunerativas que no tributen al Sistema Nacional de la Seguridad Social.
Para ello, al realizar su presentación deberá fundamentar su solicitud, ofreciendo todos los elementos probatorios que considere pertinentes en el marco de una audiencia que todavía no tiene fecha de realización.
De todos modos, la empresa debe justificar el pedido antes de proceder a aplicar despidos o suspensiones basados en razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas que afecten a más del 10% de su personal.
La ley establece que dentro de las 48 horas de efectuada la presentación, se le debe dar traslado a la otra parte, y citar al empleador y a la asociación sindical a una primera audiencia, dentro de los cinco días.
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