La Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva a nivel mundial. A lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización, los bienes que llegan a manos del consumidor final acumulan impuestos nacionales, provinciales y municipales que terminan representando un porcentaje significativo del precio que se paga en góndola. Este fenómeno no distingue rubros: afecta tanto a productos básicos de la canasta alimentaria como a bienes durables, indumentaria, calzado o vehículos. En muchos casos, más de la mitad del precio corresponde a tributos, distorsionando los precios relativos y desalentando el consumo. La presión tributaria no solo encarece, sino que también fragmenta y vuelve opaco el sistema de precios.
En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto bajarían los precios si se redujera sustancialmente la presión fiscal? Reducir impuestos al consumo no solo aliviaría el bolsillo, sino que representa una de las grandes materias pendientes del nuevo gobierno, que ha prometido avanzar hacia un sistema tributario más simple, transparente y menos distorsivo.
Precios de productos con más y menos impuestos
Para medir el impacto real de una reducción impositiva en los precios, tomamos productos concretos y trazamos una simulación simple pero ilustrativa. A partir del precio final que paga hoy un consumidor en Argentina, estimamos cuánta carga impositiva está embebida en ese valor. Luego, calculamos cuánto costaría ese mismo producto sin impuestos, y finalmente, le aplicamos una nueva estructura tributaria más liviana, que elimina tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al débito y crédito, reduce el IVA a la mitad y fija Ganancias en un 20%. El resultado no pretende ser exacto al centavo, pero sí representativo del orden de magnitud que podría implicar un alivio fiscal bien orientado.
Cuando los impuestos bajan, los precios también
Un litro de leche, que hoy cuesta alrededor de $2.650, tiene una carga impositiva cercana al 24%. Aplicando la nueva estructura impositiva, ese porcentaje se reduce a poco más del 11%, y el precio baja a $2.232. Lo mismo ocurre con el pan (de $1.700 a $1.470 por kilo), los fideos (de $1.571 a $1.323 por medio kilo) o la carne vacuna, que en el caso del peceto podría pasar de $12.999 a $10.761 por kilo. En todos los casos, el recorte impositivo representa una mejora directa y visible para el bolsillo. Y aunque los márgenes pueden variar según la cadena de valor, la diferencia es clara: cuando los impuestos bajan, los precios también.
La preocupación por la carga fiscal no es solo un tema técnico; también es una advertencia constante del sector privado. Las principales cadenas de supermercados vienen alertando sobre el avance de nuevos tributos provinciales y municipales que, lejos de moderarse, se han intensificado en los últimos meses. Aumentos que superan ampliamente la inflación, creación de tasas sin contraprestación y el uso de impuestos como Ingresos Brutos o la Tasa de Seguridad e Higiene con fines claramente recaudatorios son solo algunos de los reclamos más frecuentes. Estas distorsiones no solo encarecen los productos de la canasta básica, sino que también neutralizan los esfuerzos del Gobierno nacional por reducir la inflación y recuperar el poder de compra.
El reclamo no se limita a las góndolas: también alcanza al crédito al consumo. Desde el sector mayorista se advirtió que, en algunos casos, casi la mitad del monto de un préstamo personal se va en impuestos, lo que reduce notablemente el acceso al financiamiento para millones de personas. En este contexto, las entidades del comercio vienen pidiendo que provincias y municipios se sumen a un esquema de transparencia fiscal y alivio impositivo. La discusión ya no es ideológica: se trata de corregir una estructura de costos que hoy condiciona tanto a las empresas como a las familias.
Índice Big Mac
Uno de los termómetros económicos más conocidos -y también más llamativos- es el índice Big Mac, elaborado por la revista The Economist. Su lógica es simple: comparar el precio de una Big Mac en diferentes países para estimar el poder adquisitivo de sus monedas y la distorsión de precios a nivel internacional. Aunque su objetivo original es medir el tipo de cambio real, en países como Argentina también permite ilustrar hasta qué punto los impuestos y distorsiones internas influyen en los precios
En ese ranking global, Argentina no pasa desapercibida. Según los últimos datos disponibles, el país aparece en el segundo lugar entre las Big Mac más caras del mundo, apenas por debajo de Suiza. En otras palabras, un combo mediano en Argentina cuesta más en dólares que en casi cualquier otro lugar del planeta, incluso en economías desarrolladas con ingresos per cápita muy superiores.
Para entender mejor qué hay detrás de ese precio, tomamos el valor actual del combo mediano de Big Mac en el país: $10.900. De ese monto, aproximadamente un 47% corresponde a impuestos. Si se aplicara el esquema de alivio fiscal que venimos proponiendo —reducción del IVA, baja de Ganancias, eliminación de tributos distorsivos—, el precio podría descender hasta los $7.192. Es decir, una diferencia superior a los $3.700 por combo.
El precio de vestirse en Argentina
Continuando el análisis, si vestirse siempre fue un gasto relevante en cualquier economía, en Argentina lo es aún más por el peso de la carga impositiva. Tomamos cuatro ejemplos representativos: una prenda nacional, una prenda importada, un par de zapatos nacionales y otro importado.
Una prenda nacional que hoy cuesta $30.000 podría bajar a poco más de $19.000
Los resultados son contundentes. Una prenda nacional que hoy cuesta $30.000 podría bajar a poco más de $19.000. En el caso de indumentaria importada, donde se acumulan derechos de importación, IVA, percepción de Ganancias y demás tributos, el impacto es aún mayor: de $70.000 podría reducirse a $9.765.
El mismo patrón se repite en el calzado: el nacional pasaría de $115.000 a unos $72.000, mientras que el importado, con una presión fiscal actual cercana al 90%, caería de $200.000 a poco más de 30.000 pesos.
La presión fiscal sobre el consumo, especialmente en productos importados, no solo encarece el acceso a bienes básicos, sino que también distorsiona la competencia en el mercado local. La discusión de fondo no es si deben existir impuestos, porque sin duda deben, sino qué tan razonables son sus niveles actuales y cuánto margen queda para alivianarlos sin comprometer las cuentas públicas
Auto: más de la mitad del precio son impuestos
Por último, si hay un producto que sintetiza la carga impositiva argentina, ese es el automóvil. Ya sea nacional o importado, cero kilómetro o usado, el peso de los tributos en su precio final es altísimo. No se trata solo del IVA, sino también de impuestos internos, tasas específicas, Ingresos Brutos y retenciones indirectas en la cadena productiva. Tomamos como ejemplo un modelo de gama media cuyo valor en concesionaria ronda los $31.087.000. Más del 54% de ese precio corresponde a impuestos.
En el caso del auto, el peso de los impuestos en su precio final es altísimo
Aplicando la misma metodología utilizada en los otros casos, ese vehículo podría costar $18.973.000. En otras palabras, una reducción del 39% en el precio final. La rebaja no solo sería significativa, sino que también tendría efectos colaterales positivos: activaría la demanda, reduciría el costo de reposición y mejoraría el acceso al crédito para miles de consumidores hoy excluidos del mercado.
El sector automotor ya viene siendo objeto de algunos ajustes impositivos por parte del Gobierno, como la eliminación de los impuestos internos para ciertos modelos. Sin embargo, la estructura fiscal sigue siendo pesada, y buena parte del costo final sigue vinculado a impuestos de diferente jurisdicción. En un país donde el auto cumple una función clave, no solo como bien de consumo sino también como herramienta de trabajo, este es otro ejemplo donde una reforma impositiva sería más que un gesto económico: podría implicar un cambio concreto en el día a día de millones de personas.
La discusión sobre la carga tributaria en la Argentina no es nueva, pero sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. La clave será lograr un sistema más ágil y equitativo, que alivie al consumidor sin poner en jaque la solvencia del Estado. El nuevo gobierno ha manifestado su intención de revisar la estructura tributaria para hacerla más eficiente y menos distorsiva, y todo indica que ese podría ser el próximo objetivo en su hoja de ruta. En definitiva, una reforma fiscal inteligente no solo aliviaría el bolsillo, sino que también puede convertirse en una palanca concreta para el crecimiento económico y la mejora del bienestar.
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