El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) determina que durante 30 años las exportaciones que surjan de los proyectos que ingresen a ese esquema no pagarán retenciones; tributarán sólo 25% del Impuesto a las Ganancias; podrán tomarse a cuenta de ese impuesto el 100% del impuesto al cheque y gozarán de un mecanismo de compensación de los créditos fiscales de IVA durante la etapa de construcción.
Además, en materia cambiaria, a partir del segundo año de iniciado el proyecto, podrán dejar el 20% de las ganancias fuera del país; el 40% al tercer año y luego la totalidad.
Javier Milei apura la reglamentación del RIGI
La reglamentación de ese régimen estará lista la semana próxima, mientras varias compañías ya anticiparon que pondrán en marcha proyectos de inversión de gran envergadura, la mayoría vinculados con la energía y la minería.
Los cálculos más optimistas que hacen en los pasillos oficiales estiman en casi u$s60.000 millones los proyectos que se conocerían de acá a fin de año. Para eso hace falta no solo que el RIGI se reglamente a nivel nacional, sino que las provincias adhieran a través de sus Legislaturas. Río Negro, Salta y Jujuy picaron en punta, y ahora se vienen decisiones similares en San Juan, Entre Ríos y Tucumán, entre otras.
Milei viene trabajando en la letra chica del RIGI, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Los funcionarios hicieron un repaso de las inversiones que se destrabarán a partir de esta ley y los números se acercan a los u$s60.000 millones. Sería una inversión inédita en más de 40 años de democracia. Incluiría no solo energía y minería, sino también tecnología, siderurgia, turismo y desarrollo forestal.
Las grandes inversiones serán beneficiadas con rebaja de impuestos y eliminación de derechos de exportación e importación durante 30 años, siempre que los proyectos superen los u$s 200 millones.
La duda que queda es si la reglamentación incluirá a la perforación y fractura de pozos no convencionales en Vaca Muerta. Las petroleras se lo mencionaron a Milei en su reciente visita al megayacimiento no convencional.
El Presidente explicó que lo que se busca es impulsar proyectos nuevos en lugar de inversiones en curso, pero prometió analizar el tema con más detalle.
Con el RIGI en marcha, YPF prepara mega inversión en Vaca Muerta
En esa visita Milei recibió buenas noticias: el presidente de YPF, Horacio Marín, le confirmó que el primer proyecto de inversión vinculado al RIGI será por unos u$s 2.500 millones. Se trata del oleoducto Vaca Muerta Sur, al que se le sumarán más de 600 kilómetros de caños para duplicar la producción de petróleo. Las obras arrancarían hacia fin de año.
Otra duda que se resolverá a partir de la reglamentación del RIGI es si la producción de biocombustible o hidrógeno verde será considerada dentro del rubro energía.
El RIGI es el punto de la Ley de Bases más esperado por el sector privado y es señalado como uno de los motores que pueden tener las empresas para realizar grandes inversiones en un puñado de sectores beneficiados por las facilidades que otorga ese régimen.
Las empresas buscan garantías por parte del Gobierno de que la redacción garantice que la exención de aranceles para insumos y bienes de capital no excluya al sector fabril local.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, estimó inversiones por unos 54.000 millones de dólares en energía y minería, durante una exposición ante ejecutivos de fondos de inversión en Nueva York. A su vez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también confirmó que la reglamentación del régimen es inminente.
Especialistas jurídicos señalan que los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación o arbitraje y que las discrepancias de carácter técnico o económico podrán ser sometidas a un Panel Técnico o Tribunal Arbitral.
En caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, se prevé que la cláusula arbitral deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo e informada al Congreso.
Actualmente, ante incumplimientos de contrato por parte del Estado, las empresas suelen acudir al tribunal internacional del CIADI, perteneciente al Banco Mundial. La letra chica buscará afinar ese proceso, en favor de las empresas concesionarias, un reclamo que interesa mucho, por ejemplo, a grandes grupos como la malaya Petronas, que construirá con YPF una planta de licuefacción al sudeste de Río Negro.
¿Qué provincias se adhirieron al RIGI?
En este escenario, algunas provincias ya comenzaron a hacer los «deberes» para atraer las inversiones. La última en hacerlo fue Jujuy, que aprobó el jueves pasado la adhesión.
La provincia del norte argentino se sumó, así, a la acotada lista de jurisdicciones que ya confirmaron la implementación local de la Ley. La adhesión de la provincia será por dos años.
En tanto, algunos municipios ya adhirieron, como los bonaerenses Bahía Blanca y San Isidro (a pesar de que la provincia aún no avanzó en este frente).
Otro caso es el de Entre Ríos, en donde el gobernador Rogelio Frigerio dijo que recibirá «a cada inversor de un dólar para arriba» que quiera crear empleo en la provincia.
El mandatario agregó que las potencialidades de su provincia están en sectores como el porcino, bovino, ovino, avícola, forestal y sus derivados, citrícola. Además, criticó que el RIGI estaba orientado a sectores extractivistas y anticipó que iban a presentar el RINI: Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones, que también deberá pasar por la legislatura y se encuentra en negociación.
En Córdoba, Martín Llaryora repasó las potencialidades del país para un escenario global de dudas sobre la seguridad alimentaria, destacó que sólo su provincia es el octavo productor de maíz, y cuestionó cómo pueden hacer las gobernaciones para acompañar la transformación que puede representar el RIGI, en particular para las actividades extractivistas, sobre todo a partir de la reconversión de las industrias metalúrgicas. Luego, confirmó que adherirá al RIGI, aunque aún no se envió el proyecto a la legislatura. Por su parte, el gobierno de Santa Fe había anticipado que adherir, pero tampoco envió aún el proyecto.
En Río Negro, con la disputa por la planta de GNL, la Legislatura de esa provincia fue la primera del país en adherir al nuevo régimen, y la jugada salió perfecta. Los u$s 30.000 millones que invertirá YPF y Petronas irán a la provincia.
En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa anunció hace unas semanas que están preparando un proyecto para adherir pero que tendrá un tinte provincial, en el que ponderan el lugar de las Pymes neuquinas para incentivar su participación en inversiones y facilitar su crecimiento.
A su vez, Chubut envió a la legislatura el proyecto de adhesión. Como estaba previsto, la provincia incluyó en el artículo 2 que la adhesión no contempla que los beneficios del RIGI se apliquen a la actividad minera, prohibida en la provincia por la ley XVII N° 68. En cambio, el Gobierno local espera inversiones turísticas, de la industria naval, energética y de hidrógeno verde.
En tanto, en la Legislatura de Santa Cruz hay un proyecto para adherir al régimen, y fue el diputado del oficialismo, Mario Piero Boffi, el que llevó adelante la iniciativa. El legislador explicó que «la adhesión al RIGI representa una oportunidad crucial para potenciar el crecimiento económico, social e industrial de Santa Cruz» y resaltó la mejora de la imagen de la provincia en la competencia nacional e internacional en tecnología y conocimientos.
El RIGI está comprendido por 65 artículos de la ley Bases, que van desde el 162 al 228. Es uno de los apartados más complejos de la Ley, ya que requiere definir con precisión los segmentos que hablan sobre los incentivos y garantías para entrar, las compatibilidades con otros regímenes y las delimitaciones para cada rubro abarcado.
Milei cree que estos fuertes incentivos para invertir permitirán revertir con fuerza la recesión, por la cual este año la economía caería un 3,5 por ciento. La jugada es audaz, porque el Tesoro resignará una gran cantidad de recursos que exigirán al máximo la meta de sostener el equilibrio fiscal. Pero en la Casa Rosada se entusiasman: «Esto será para nuevas inversiones. Es todo ganancia».
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