A casi dos años de promovido un bloqueo a las operaciones de la firma Lácteos Vidal desde Villa Devoto, en Capital Federal, el gremio ATILRA acaba de recibir un nuevo revés judicial ligado a ese proceso. La fiscalía porteña interviniente imputó a cuatro representantes de ese sindicato luego de acusarlos de incitar violencia física y amenazas contra aquellos trabajadores de la compañía que no se plegaron a las medidas de fuerza lanzadas por la organización. Al mismo tiempo, se indicó que los gremialistas habrían provocado un grave perjuicio económico a la empresa. Las personas ahora imputadas se suman a otras seis sobre las que pesa la misma acusación pero ya con intervención de la Justicia bonaerense y con base en los tribunales de la ciudad de Trenque Lauquen.
La imputación fue promovida por el fiscal Luis Arnaudo y alcanza a Ariel Sánchez, secretario de ATILRA, David Cheij, también integrante del sindicato, Verónica Blas y Rafael Ale, ambos delegados del gremio en Lácteos Vidal.
Según se indicó en la resolución, las identidades mencionadas presuntamente «organizaron a diversas personas para ocupar las inmediaciones del establecimiento de Lácteos Vidal Sociedad Anónima, a los fines de compeler mediante violencia física y amenazas a trabajadores del lugar para sumarse a la huelga que se estaba llevando adelante«.
«Los imputados habrían afectado el normal desenvolvimiento de la empresa ocasionándole perjuicio económico al impedir el ingreso y egreso de mercadería en el establecimiento ubicado en Moctezuma, como también de mercadería y la venta de productos en general, en el ubicado en CABA», añadió la fiscalía.
Lácteos Vidal: los dichos incluidos en la imputación
En la acción judicial se integran dichos de, por ejemplo, David Cheij, quien, durante el bloqueo concretado entre el 18 de julio y el 16 de septiembre de 2022, habría expresado: «A estos que entraron a trabajar hay que esperarlos a la salida y cagarlos bien a trompadas para que aprendan».
«¿Por qué sos tan carnero? Te vamos a cagar a trompadas«, es otra de las amenazas que presuntamente habría pronunciado el vocal de ATILRA. En cambio, se afirma que Ale increpó a otro trabajador de Lácteos Vidal exclamando: «¿A qué viniste? No podés entrar a trabajar». La fiscalía menciona a esa acción como «delito de compulsión a la huelga, previsto en el art. 158 del Código Penal».
Por el lado de Verónica Blas, se la acusa incluso de violencia física ejercida contra Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa láctea. El fiscal Arnaudo señala que «cabe investigar si se ha cometido el delito previsto por el art. 174, inc. 6, del Código Penal (desbaratamiento de empresa), mediante las medidas llevadas adelante entre el 18 de julio de 2022 y el 16 de septiembre de 2022».
En ese caso, se señala directamente a «representantes e integrantes del sindicato de ATILRA, entre los que se encontrarían Rafael Alberto Ale y Ariel Sánchez, que habrían afectado el normal desenvolvimiento de dicha empresa ocasionándole perjuicio económico al impedir el ingreso y egreso de mercadería en el establecimiento ubicado en Moctezuma, como también de mercadería y la venta de productos en general».
Lácteos Vidal: un conflicto que no deja de sumar nuevos capítulos
El punto de conflicto que derivó en el bloqueo de la fábrica inició a mediados de julio de 2022 a raíz de un reclamo de ATILRA para que recategoricen a 14 empleados. Si bien en ese momento se dictó la conciliación obligatoria, el sindicato estableció un bloqueo a partir de agosto de ese mismo año.
La empresa respondió enviando 29 telegramas de despido a trabajadores que participaron en las medidas de fuerza. En abril de este año, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó las cesantías y ordenó la reincorporación de 26 despedidos.
A la par, siguió adelante el proceso judicial por los presuntos actos de intimidación y violencia ocurridos en 2022. Ahora, las imputaciones impulsadas por el fiscal Arnaudo dejan en claro que lo ocurrido en Lácteos Vidal seguirá sumando capítulos en tribunales.
Claro que el escenario es muy distinto al de hace dos años: la recientemente aprobada Ley de Bases establece la posibilidad de que las empresas impongan despidos justificados en aquellos casos en que los trabajadores establezcan bloqueos o pretendan hacerse con el control operativo de una compañía.
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