La Cámara Federal porteña ordenó la detención y captura de Nicolás Maduro y uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de Venezuela.
El histórico fallo también afecta a más de treinta jerarcas y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.
El fallo señaló, además, «disponer la inmediata detención -vía Interpol- con fines de extradición a esta República Argentina».
La Justicia argentina ordenó la detención y captura de Nicolás Maduro
«Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas», señaló el fallo.
«Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria«, agregó el tribunal.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens remarcaron que «en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina».
El fallo ordenó, además, «proceder de la misma forma en relación a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes que fuesen identificadas o aquellos otros que resta identificar». Y le encomendó al juez Sebastián Ramos, a cargo de la investigación, seguir recepcionando «declaraciones testimoniales de aquellos damnificados que se han presentado al tribunal».
El pedido de los fiscales y el abogado de las víctimas
Hace una semana, los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe habían reclamado a la Cámara Federal porteña que se ordene la indagatoria y la captura del presidente de Venezuela y su mano derecha, Diosdado Cabello.
El planteo del Ministerio Público Fiscal fue consecuencia de un pedido de las víctimas que denunciaron estos crímenes en la Argentina bajo el principio de justicia universal. Seis venezolanos contaron en la audiencia los tormentos sufridos.
Uno de ellos era un fiscal venezolano cuyo testimonio sirvió para poner en jaque la idea de que estos crímenes debían ser castigados en su país de origen.
Durante la audiencia de la semana pasada estuvo presente la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en nombre del Gobierno nacional. Junto a las víctimas también estuvo sentado Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño y uno de los impulsores de esta denuncia. Entre el auditorio también se acercaron el diputado del PRO Fernando Iglesias y la integrante del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre.
Ante la cantidad de participantes, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de Cámara Federal porteño, hicieron la reunión en uno de los salones de la planta baja previstos para juicios orales. Pese a la convocatoria mediática para cubrir la reunión, los jueces ordenaron que no se podía tomar fotos de las víctimas: muchas de ellas tienen reservada la identidad porque temen las represalias.
Aun así, algunos de los presentes quisieron hablar directamente a los jueces para relatar lo vivido en Venezuela durante el régimen de Maduro, agradecerle al país por darles refugio y reclamar que, desde aquí, se haga justicia.
Por eso sobresalió el testimonio de un fiscal que investigó los crímenes ocurridos en manifestaciones a estudiantes y que, a través de su investigación, pudo determinar que los agentes policiales a los que acusaban habían en realidad cumplido órdenes. Cuando quiso apuntar a la cadena de mandos, fue secuestrado ilegalmente y torturado. Finalmente, pudo salir del país y buscar refugio en la Argentina.
Hasta ahora, nunca había declarado ante la justicia argentina pero fue a Comodoro Py a decir expresamente por qué la justicia venezolana no iba a investigar lo que sucedía allí y pedía a los tribunales argentinas que hicieran algo.
El abogado Tomás Farini Duggan -representante legal de Foro Argentino por la Democracia en la Región FADER, encabezado por Wolff- repasó los términos de la investigación y reclamó la declaración indagatoria y la captura internacional de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Entre esos hechos se incluyeron la desaparición de Rocío San Miguel, y los vejámenes y ejecuciones que tuvieron lugar en el marco de las convulsionadas elecciones que tuvieron lugar en agosto pasado en Venezuela, donde la oposición y distintos países denunciaron el fraude electoral para que Maduro pudiera seguir en el poder.
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