El Gobierno nacional formalizó este viernes el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales empresas estatales del sector energético, mediante la Resolución 1050/2025 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. La primera etapa se ejecutará a través de la venta, mediante concurso público nacional e internacional, de las acciones que ENARSA posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC), controlante de Transener, la mayor transportista de energía eléctrica en alta tensión del país.
La medida se enmarca en la Ley Bases y sus decretos reglamentarios, que habilitaron la privatización total de ENARSA, y representa un paso clave dentro de la estrategia oficial para reducir la presencia del Estado en empresas estratégicas y fomentar la inversión privada.
Qué implica la venta de CITELEC
ENARSA es dueña del 50% de CITELEC, que a su vez posee el 52,65% de las acciones de Transener. A través de esta estructura, el Estado controla de forma indirecta el 26,32% de la principal operadora del sistema de transporte eléctrico argentino, responsable de más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión, lo que representa el 85% de la red nacional.
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El Gobierno espera obtener al menos USD 200 millones por esta operación, aunque ese número podría subir tras la revisión de tarifas y si se mantiene la estabilidad macroeconómica. La participación estatal también alcanza, de forma indirecta, a otras empresas como Transener Internacional Ltda. y Transba S.A.
Cómo será el proceso
El proceso será conducido por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, y deberá completarse en un plazo máximo de ocho meses. La Subsecretaría de Energía Eléctrica elaborará la documentación técnica para la licitación, que se llevará a cabo a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Se prevé la intervención del servicio jurídico del ministerio y la contratación de un banco público para tasar las acciones, dado que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se excusó de hacerlo.
Además, se aclaró que no se aplicarán las disposiciones de propiedad participada, lo que significa que los empleados no tendrán opción de compra preferencial sobre las acciones.
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Una reforma estructural en marcha
Esta privatización se inscribe dentro del plan del Gobierno de Javier Milei para avanzar en reformas estructurales que promuevan una economía con menor participación estatal directa y mayor protagonismo del capital privado, especialmente en sectores clave como el energético.
La desinversión en ENARSA se dará por etapas, a través del desprendimiento progresivo de sus 15 unidades de negocio.
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