La agenda de seguridad del oficialismo avanza. El alto perfil de la ministra, el despliegue de operativos en momentos de repercusión mediática y la iniciativa de las comisiones del Congreso empujan el segundo pilar de la campaña libertaria, luego del económico. Es precisamente este nexo el que se encuentra roto: el lugar que tiene la dimensión de necesidad material en el delito en la Argentina. Las respuestas para las cárceles aparecen mayormente desde organizaciones sociales, muchas de ellas priorizando esquemas de economía circular.
Todas las estadísticas para entender la situación de las cárceles en la Argentina proponen desafíos para diseñar políticas. Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena del 2022, el 79,8% de los que transitan una condena son menores de 44 años y el 65,7% tienen condenas más reducidas a los 9 años (el 59,9% por delitos de robo o venta de estupefacientes); el 83% no terminó la educación secundaria y el 38% se encontraba sin trabajo al momento de ser detenido. El entrecruzamiento de estas cifras revela que los años de pena podrían ser fundamentales para la formación de estas personas, que recuperarán la libertad ambulatoria en edades de plenitud laboral.
Sin embargo, los servicios penitenciarios no están pudiendo afrontar este desafío. Por hacinamiento (18,1% de sobrepoblación, estadística que se profundiza en las unidades provinciales), por definiciones de las autoridades políticas o por la propia lógica de su creación, el sistema carcelario nacional no garantiza la promoción de una inserción integral de las personas en programas laborales o educativos. Hasta el momento, las alternativas al tránsito de una condena ociosa o aislada provienen de agrupaciones políticas, organizaciones sociales, iglesias y universidades públicas
Las experiencias de trabajos a nivel federal y sostenido son reducidas en la Argentina. Las que persisten, lo hacen a través de la articulación de distintos actores con anclaje territorial. Es el caso de la Red Creer, que vincula a 152 organizaciones entre empresas privadas, organismos estatales y movimientos sociales. «Muchas de ellas querían contribuir de alguna manera con la problemática y al conocer nuestro trabajo llegaron a las unidades penitenciarias y pudieron desarrollar proyectos con personas que están privadas de su libertad«, explica Florencia Sequeira, coordinadora general de la red.
Su trabajo implica la formación en habilidades técnicas y socioemocionales en las cárceles, la vinculación con iniciativas privadas que desean contratar en el contexto de encierro y el acompañamiento financiero a proyectos productivos de liberados, que pueden constituir así sus propias alternativas laborales ante la estigmatización que existe a contratar trabajadores con antecedentes penales. «Nos interesa promover el trabajo colaborativo porque eso es lo que provoca un impacto colectivo. Por eso es importante que las organizaciones que trabajen juntas, que impulsen iniciativas y que busquen sostenerlas o replicarlas», remarca Sequeira quien detalla que en cuatro años la Red Creer alcanzó a 40 unidades penitenciarias y a más de 2500 personas.
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Foto: Red Creer.
Otro proyecto transversal en distintas áreas de desarrollo territorial es la del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que cuenta con una rama de liberados y liberadas específica. Formación en la cárcel, acompañamiento durante la condena y al finalizarla e inserción en alguno de sus 63 polos productivos en todo el país: ese es el proyecto de la organización, que involucra a 1.600 trabajadores. “Es importante que personas que hemos estado muchos años detenidas volvamos a la cárcel para transmitirles esperanza, porque existen respuestas reales a la reincidencia. A mí me impacta mucho cómo la cárcel está cambiando su léxico: ya no se habla de puñalada, sino de trabajo”, asegura José Ruiz Díaz secretario de la UTEP y referente nacional del MTE.
Para diseñar políticas de seguridad en la Argentina, es preciso contemplar la inserción laboral de quienes terminan condenas. Si bien el registro es precario e incompleto, el 26% de las personas que están en la cárcel no transitan su primera condena y los reincidentes (quienes cometen un delito que nunca habían hecho) duplican el número de reiterantes. El seguimiento del Estado, hasta el momento, prioriza la vigilancia sobre estas personas a la generación de oportunidades.
“De Nación se cortó toda compra a los bienes y servicios de nuestras cooperativas, pero en este tiempo hubo municipios que entendieron el trabajo que hacemos y están eligiendo nuestra producción”, indica el dirigente que destaca la creación de la Subsecretaría bonaerense de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal, pero puntualiza que “no hay más mesa de diálogo con el Gobierno nacional ni dónde resolver los problemas, pero nosotros seguimos estando donde hay que estar y tratando de dar respuestas”.
Experiencias de economía circular para personas que terminan una condena
Reciclar con perspectiva ambiental, reutilizar para producir, renovar para consumir: la economía circular tiene principios que se encuentran incorporados en las cooperativas de trabajo como modalidad de subsistencia. Sin embargo, la urgencia ecológica revaloriza estos procesos que, con un respaldo de industrialización verde, pueden ser potenciados por los actores que integran el emprendedurismo popular. Además, desde estos sectores reconocen que son ellos mismos -por su desplazamiento a los márgenes urbanos- los más afectados por los desechos tecnológicos y las alteraciones medioambientales.
Desde la Red Creer destacan dos proyectos con esta perspectiva. En una cárcel de Olmos, la textil Juaga formó trabajadores y los incluyó a un modelo de producción de vestimenta de moda que utiliza como materia prima material reciclable. Otra iniciativa fue la de Toco Madera, que nació en una unidad de San Martín luego de un taller de emprendedurismo y economía social. A partir de la articulación con una cooperativa de reciclaje de plástico y de la inversión del Estado nacional (que también apoyaba a través del Potenciar Trabajo) en maquinaria, desarrollaron un taller de producción de madera plástica de alta resistencia para muebles y exteriores. “Esa es una de las experiencias más lindas porque atravesó todo el proceso que nos gusta promover y se da de forma colaborativa entre organizaciones”, puntualiza Sequeira.
José Ruiz Díaz pone en tensión la definición de economía circular “porque nace del conjunto de las actividades que se inventaron quienes quedaron excluidos de un mercado formal de trabajo para poder subsistir”, por lo que prefiere llamarle economía popular. Aún así, el MTE tiene varias referencias de esta perspectiva en su trabajo sobre liberados. Una de ellas es la de TecnoRAEE, una cooperativa que refuncionaliza residuos eléctricos y electrónicos y, además de vender una parte de la producción, dona equipamiento a instituciones educativas y estudiantes que no pueden comprar su primera computadora.
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Foto: Red Creer.
“Con la economía popular no va a alcanzar. Vamos a necesitar del privado que también contrate a la gente que sale de la cárcel, pero hay que tener en claro que respondemos a dos lógicas diferentes: la racionalidad empresarial tienen que ver con la ganancia y la nuestra tiene que ver con una necesidad de subsistir«, concluye Ruiz Díaz.
Ley contra la reincidencia a través de la inclusión laboral
Hasta el momento, el núcleo de leyes que se discuten en la Cámara de Diputados insisten en la expansión de las condenas o a la ampliación de la vigilancia sobre las personas. Los casos del Registro de Datos Genéticos, la reforma de la edad de imputabilidad o el Abordaje Integral del Crimen Organizado se proyectan con estos objetivos. Existe una excepción, que cuenta con el consenso de todos los bloques parlamentarios -e incluso, con el apoyo de la Red Creer y del MTE-: el proyecto de Bien Restituido, que propone desmantelar el patrimonio del crimen organizado para redistribuirlo estratégicamente en la sociedad civil.
Aún así, ninguna iniciativa debate sobre la capacitación o inserción laboral de la población penitenciaria. “Como red, nos interesa pensar cuáles son las herramientas que realmente permiten bajar los niveles de reincidencia en nuestro país para que estén orientados a una inclusión efectiva, porque se trata de una población por demás vulnerabilizada de forma previa al encierro”, remarca Florencia Sequeira y agrega: “Se piensan en generación de cárceles y bajar la edad de imputabilidad, pero no tanto qué pasa después. Allí es donde encontramos falencias y falta de recursos”.
Con firma de cinco diputados de su bloque, Unión por la Patria volvió a presentar el 23 de abril un proyecto que se había enviado en noviembre del 2022 y que apenas tuvo tratamiento en comisiones: la creación de un Programa Nacional para la Reducción de la Reincidencia mediante la Inclusión Sociolaboral. Las bases del MTE fueron parte de su génesis y su experiencia de trabajo delineó la composición del documento. La propuesta implica la formación en oficios dentro del contexto de encierro, la creación de polos cooperativos de liberados en cada distrito y la inversión estatal para la estructura productiva y la contratación de servicios.
“Este proyecto lo volvimos a presentar ahora porque entendemos que no se presentan políticas públicas para reducir la reincidencia”, explica Ruíz Díaz y coincide con Sequeira: “Hay más unidades penitenciarias y más endurecimiento de pena, pero el delito no bajó. Entonces creo que le estamos errando al paradigma de cómo abordar la seguridad”. La iniciativa fue elevada a las comisiones de Educación, Presupuesto, Trabajo y Legislación Penal.
En caso de que requiera mejoras, debería primero debatirse en plenarios parlamentarios, instancia a la que nunca accedió: el último debate sobre seguridad fue por el proyecto de flexibilización y regularización del uso de armas de fuego. Sin embargo, la recurrencia de la discusión punitiva explicita la necesidad de reformas en seguridad y es allí que se abre una posibilidad. Las alternativas a estas transformaciones dependerán del espacio que se les otorgue a los actores que recuperaron su voz a través de la organización. Nuevas respuestas podrían construir caminos superadores para la convivencia comunitaria.
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